La evaluación de los procesos de innovación desde la perspectiva del desarrollo territorial

Abstract

Los organismos financieros multilaterales y la mayoría de los sistemas de inversión pública nacionales y subnacionales pautan la obligatoriedad de llevar a cabo análisis evaluativos de las inversiones programadas. Si bien existen algunas diferencias en las formas de los análisis requeridos, su propósito, alcance y contenido detentan un grado de consenso sustantivo. Así, los mismos cubren tanto la evaluación tradicional, con sus tres ópticas analíticas: financiera/privada, económica y social como la evaluación de impactos ambientales en sus diversos alcances y métodos de análisis. No obstante, los últimos desarrollos teóricos en materia de sociología y gestión del riesgo -especialmente desde el enfoque de la Escuela Latinoamericana- generados en las dos últimas décadas, abren nuevas incógnitas en materia del grado de suficiencia que tienen los sistemas y métodos evaluativos anteriormente comentados. Ante este contexto, el presente trabajo tiene por objetivo indagar en el grado de adecuabilidad de los “estudios y análisis evaluativos” que se promueven al momento de convalidar procesos de inversión que involucren acciones “innovativas”; a partir del análisis de la operatoria y de los instrumentos aplicados por el principal actor público del sistema de innovación regional. Dichas metodologías han sido contrastadas tanto con los requerimientos de los modelos evaluativos vigentes como con los interrogantes y explicaciones que brindan los paradigmas desarrollados en torno a los nuevos riesgos e incertidumbres de origen tecnológico. Como resultado aparecen diferencias entre las prácticas y los estándares teóricos tradicionales, a los que se les suman los emergentes en relación al riesgo. El análisis de la factibilidad y conveniencia de la cobertura de las brechas analíticas detectadas podrían garantizar la lectura de los múltiples y hasta contradictorios impactos de las innovaciones generadas sobre la estructura social y el entorno natural de un territorio; permitiendo mejorar la capacidad de diseño de políticas públicas orientadas a la movilización de procesos de desarrollo territorial, concebidos desde una perspectiva de sustentabilidad y equidad.